Trump firma un memorando que permite a empresas privadas realizar operaciones cibernéticas contra grupos criminales extranjeros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un nuevo memorando que permite a las empresas privadas verificadas unirse a operaciones cibernéticas dirigidas por el gobierno. La Casa Blanca afirma que el programa se dirige a organizaciones delictivas transnacionales implicadas en ransomware, fraude y otros delitos contra los estadounidenses.

Las empresas privadas ya pueden desempeñar un papel más importante en la protección de los estadounidenses frente a los ciberataques

El memorando ordena al Departamento de Seguridad Nacional que establezca un programa a través de su Centro Nacional de Coordinación. El Departamento de Justicia también supervisará la iniciativa. Las empresas participantes podrán recopilar inteligencia y desarrollar propuestas de operaciones contra organizaciones delictivas extranjeras. El gobierno deberá revisar y aprobar esas operaciones antes de que se lleven a cabo.

El programa abarca tanto la vigilancia como la actividad cibernética ofensiva. El memorando describe posibles acciones que incluyen manipular, interrumpir, degradar, denegar o destruir sistemas de información y redes seleccionados. Eso hace que la política sea más amplia que simplemente ayudar a los investigadores a identificar a los delincuentes. Crea una vía formal para que las empresas privadas participen en operaciones con autorización gubernamental.

La idea ya ha recibido el apodo de «cibercorsarios». Ese término hace referencia a los corsarios históricos que recibían autorización del gobierno para realizar operaciones contra objetivos extranjeros.

Un requisito de 1 millón de dólares añade otra vuelta de tuerca

Las empresas que quieran participar deben mantener al menos 1 millón de dólares en fianza o depósito en garantía, según el memorando. El requisito parece diseñado para garantizar la responsabilidad financiera de las empresas participantes.

La Casa Blanca afirma que la experiencia del sector privado ha sido históricamente infrautilizada contra las redes delictivas extranjeras. La Administración sostiene que las empresas pueden aportar rapidez, conocimientos técnicos y capacidades especializadas.

La política también exige que las empresas que descubran ataques inminentes contra la infraestructura crítica de Estados Unidos lo notifiquen al Centro Nacional de Coordinación. Eso crea un papel más amplio de intercambio de inteligencia más allá de las operaciones ofensivas.

Reuters informa que la Administración espera que el programa se centre en las organizaciones extranjeras que tienen como objetivo a los estadounidenses. Por lo tanto, la iniciativa no se limita a autorizar a las empresas a «contraatacar» de forma independiente contra los atacantes.